PEDERASTIA E
IGLESIA: EL INFORME PENSILVANIA
(Por Gabriel Wüldenmar Ortiz)
Los escándalos
de pederastia (y su pésima gestión por parte de la jerarquía) han avergonzado,
con toda razón, a la Iglesia Católica, cuyos representantes deberían de dar un
ejemplo de moral que, evidentemente, en ocasiones no se ha dado, y, lo que es
más doloroso aún, no se ha dado con los más indefensos entregados a su cuidado.
Sobre los que han abusado de su ministerio pesan como una losa las palabras de
Cristo: “Es inevitable que haya escándalos, pero ¡ay de
aquel que los ocasiona! Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de
moler y lo precipitaran al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños.”
(Lc 17, 1-6).
No menos cierto es, sin embargo, que estos penosos escándalos se usan como arma arrojadiza e injustamente generalizada contra dicha institución. A este respecto debe tenerse en cuenta que los sacerdotes son humanos y pecadores, nadie ha dicho que sean superhombres o ángeles. La Iglesia es una organización humana y en ella hay de todo (si entre doce apóstoles hubo un traidor, ¿cuántos puede haber en 1200 millones de personas?). Cierto que deben dar ejemplo pero curiosamente, para eliminar mil ejemplos positivos basta uno negativo, porque lo negativo vende mucho más que lo positivo, el escándalo se publica; el trabajo callado y cotidiano de miles por los demás no es noticia.
Por otra parte, es absurdo negar que la lacra de la pederastia existe en la Iglesia pero según estimaciones, el problema de la pederastia afecta a entre 1,5 y el 5% del clero (Rizat Butt y Anushka Ashtana 28-sep - 2009, “Sex Abuse Rife in others Religions, Vatican says”, The Guardian), es decir, que NO es un rasgo distintivo ni característico de esa organización (es más, al menos en EE.UU., afecta más a protestantes y judíos). En el mundo hay unos 412.236 sacerdotes. Suponiendo que las 3.400 denuncias que se han producido entre 2004 y 2014 sean reales (lo cual es mucho suponer porque muchos denuncian en busca de dinero o por venganzas personales) y suponiendo también que cada una implica a un sacerdote (lo cual es falso porque generalmente varias denuncias afectan a uno sólo) tendríamos que este problema afecta sólo al 0,82% de los sacerdotes del mundo. En esta línea, hay estudios que muestran que el 99,8% del clero está libre de cualquier implicación en esa lacra (Philip Jenkins: Pedophiles and priests: anatomy of a contemporary crisis. Inglaterra: Oxford University Press, 2001; Philip Jenkins: «The myth of the “pedophile priest”» Gazette 2002.), y que demuestran que el abuso sexual no es más frecuente en la Iglesia Católica que en cualquier institución que trabaje con niños, sino menor. Es evidente que generalizar es totalmente absurdo e injusto (el 70% de los abusos pederastas se produce en el ámbito familiar o vecinal, y nadie condena por ello a la familia ni a las comunidades de vecinos).
Además, hay muchos casos de falsas acusaciones, motivadas por odio antirreligioso o para obtener dinero. He aquí unos pocos ejemplos:
http://www.religionenlibertad.com/joseph-bernardin-la-historia-de-un-cardenal-acusado-falsamente-de-abuso-9317.htm
Debe quedar claro que las leyes eclesiásticas castigan los abusos de cualquier clase. En el Código Canónico, la sección "Delitos contra la vida y la libertad humana", del canon 1397 dentro de la regulación para clérigos y religiosos establece que el sacerdote o religioso que cometa homicidio, violación carnal o retenga a otro con el uso de violencia, así como el que mutile o hiera gravemente a una persona, debe asumir las sentencias descritas en el canon 1397: prohibición de permanecer en un determinado lugar o territorio; privación de derechos tales como la potestad, el cargo, el oficio, privilegios, facultades, gracias, títulos e insignias (incluso honoríficas); prohibición de ejercer dentro de un territorio determinado o mundial; puede ser transferido a otro tribunal eclesiástico superior; suspensión del estado clerical. La pornografía infantil está penada con entre 1 y 5 años de prisión (por ejemplo, el Vaticano condenó el 23-6-2018 a Carlo Alberto Capella, sacerdote italiano y exdiplomático de la Nunciatura en Washington a una pena de 5 años y 5000 € de multa por posesión, cesión e intercambio de pornografía infantil).
Sobre el Informe del Gran Jurado de Pensilvania hay que aclarar que, si uno se molesta en leerlo, queda claro que es falso que más de 300 sacerdotes fueron encontrados culpables de abusar de más de 1.000 niños; en realidad nadie fue encontrado culpable de nada, son todas acusaciones que casi nunca fueron verificadas por el gran jurado o las diócesis. Esas acusaciones se reparten en un marco de 70 años y sólo hay dos sacerdotes encauzados en procesos judiciales. Dos en 70 años.
Claro que muchos casos se han denunciado tarde y han sido encubiertos, así que supongamos que hay más culpables de los que ha determinado la justicia. De modo que ¿cuántos de los 300 fueron probablemente culpables? Probablemente, la mitad. El informe de 2004 del John Jay College for Criminal Justice encontró que el 4% de los sacerdotes en todo EE.UU. tenía una acusación creíble contra ellos entre 1950-2002, pero sólo aproximadamente la mitad de ese número de acusaciones se confirmaron. Aplicando ese dato, los culpables en este caso del Informe Pensilvania serían la mitad, con lo que de 300 la cifra cae a alrededor de 150. El resto de las acusaciones nunca fueron confirmadas. Durante los 70 años investigados en el Informe Pensilvania, había más de 5.000 sacerdotes de servicio en Pensilvania, con lo que el porcentaje de sacerdotes culpables de algún abuso en esa diócesis es de sólo el 3%.
Para colmo, casi nunca el acusado mencionado en el informe vio reconocido su derecho a refutar los cargos. Esto se debe a que el informe fue investigativo, no probatorio, aunque se ha difundido falsamente como tal. Además, nunca podrán defenderse porque casi todos los acusados han fallecido o han sido expulsados del sacerdocio. Por ejemplo, en la Diócesis de Harrisburg, se nombran 71 personas: 42 han fallecido y cuatro han desaparecido. La mayoría de los que todavía están vivos ya no pertenecen al ministerio, lo que demuestra que han sido castigados o ellos mismos se han marchado.
Además, varios casos presentan graves debilidades. Por ejemplo, el caso del padre Joseph M. Ganter, que fue acusado en 2008 por un hombre de 80 años de abusar de él en la década de 1930, acusación que jamás prosperó. El sacerdote estaba acostumbrado a tales acusaciones falsas. En 1945, a petición del padre Ganter, un Juez de Paz entrevistó a tres hombres adolescentes que habían hecho acusaciones contra él. No sólo contaron historias contradictorias, sino que los tres admitieron que nunca fueron abusados por Ganter. Los medios nunca resaltan este tipo de casos u otros similares.
Además, el problema de la pederastia, aunque ahora afloran los escándalos, está en remisión gracias a las medidas tomadas por Roma. En los últimos dos años, el 0’005% del clero católico ha sido objeto de una acusación creíble de abuso, una cifra muy inferior a la de otros grupos e instituciones que nadie se interesa o atreve a investigar, como las escuelas públicas, las instituciones de custodia de menores, otros cultos como el judío o sectas. En cambio, hay un sospechoso y desmesurado interés en investigar únicamente a la Iglesia Católica. En este sentido es curioso constatar que el fiscal Shapiro (responsable del Informe Pensilvania), ya el 14 de agosto, señaló que “Casi todos los casos de abuso infantil encontrados eran demasiado antiguos para ser procesados.” Así pues, sabía desde el principio que estaba invirtiendo millones de dólares del contribuyente en un callejón sin salida, es decir, a pesar de saber que no podía hacer nada al respecto. Su único interés era la propaganda anti-católica lo más detallada y morbosa posible.
En realidad, los casos verdaderamente morbosos son una rareza en el Informe. Así, los penosos y terribles hechos recogidos en el Informe Pensilvania incluyen: “tocar debajo de la ropa de la víctima” (el acto más común alegado); “charla sexual”; “mostrar pornografía”; “tocar la ropa del clérigo”; “clérigo desvestido”; “víctima desnudada”; “fotos de víctimas”; “juegos sexuales”; “abrazos y besos”. Es un hecho que la inmensa mayoría de los sacerdotes nunca violaron a sus supuestas víctimas (como se está diciendo a los cuatro vientos), sino que fueron objeto de manoseo y otras formas de abuso que, por repugnantes, injustificables e intolerables que sean, no pueden jurídicamente recibir el calificativo de violación.
Se ha dicho también que, sistemáticamente, los sacerdotes quitaban importancia a sus presuntos actos deshonestos calificándolos de “payasadas”, pero si uno lee el informe se da cuenta de que esa palabra aparece una única vez en 1.300 páginas, y se utilizó para describir el comportamiento de un seminarista, no de un sacerdote.
El Informe ha evitado también cuidadosamente indicar que los supuestos abusadores eran homosexuales, quizá porque no es políticamente correcto señalarlo. Pero las cifras son elocuentes: El estudio de John Jay encontró que el 100% de los victimarios eran hombres, el 81% de las víctimas eran hombres, el 78% de las cuales eran postpubescentes (la edad media de las víctimas citadas en el Informe Pensilvania es 15 años). Todo indica que el asunto más que más que involucrar a varones pederastas (que hubieran abusado de niños y niñas indistintamente y desde muy pequeños), involucra sobre todo a homosexuales pederastas (por eso la gran mayoría de las víctimas eran adolescentes varones), aunque no sea políticamente correcto decirlo. En ambos casos se trata de acciones muy deleznables, pero esa manera sesgada de presentar el problema oscurece la realidad. En cambio, los medios de comunicación han procurado dar a entender morbosamente que las víctimas eran pequeños y se han ocupado sobre todo de casos de chicas, porque hay que ser políticamente correcto.
Igualmente se ha difundido que los obispos enviaron a los sacerdotes supuestamente abusivos de vuelta al ministerio, con total desprecio por el bienestar de las víctimas. No se dice que, en muchos casos, cuando se consideró creíble la acusación se envió al sacerdote a psiquiatras de la propia Iglesia. Otras veces fueron sin más apartados de su ministerio. Por ejemplo, el cardenal (entonces obispo) Wuerl se negó a cambiar de opinión cuando el Vaticano le ordenó readmitir a un sacerdote que él había removido del ministerio a principios de la década de 1990, cuando Wuerl era el obispo de Pittsburgh. El Vaticano reconsideró su decisión y finalmente estuvo de acuerdo con su evaluación. La falsedad del Informe Pensilvania queda patente porque denuncia un supuesto círculo de silencio por parte del obispo Wuerl debido a una nota manuscrita atribuida a él sobre un sacerdote devuelto a su ministerio, cuando en realidad, la letra no pertenece al entonces obispo Wuerl. Pero nada fue hecho para corregir el registro. Por tanto, se engañó intencionalmente al público. Lamentable.
Para saber más:
